En Miguel Hidalgo, el Presupuesto Participativo —un programa creado para que los vecinos decidan cómo mejorar sus colonias— se ha convertido en un fondo para costear servicios legales. Este año, en cinco colonias de alto poder adquisitivo, se destinarán más de 7 millones de pesos a proyectos de asesoría y defensa jurídica, avalados por la administración del panista Mauricio Tabe.
De acuerdo con los reportes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), las colonias Lomas de Barrilaco, Lomas de Chapultepec I, Lomas de Virreyes, Reforma Social y San Miguel Chapultepec utilizarán los recursos públicos para contratar abogados. En algunos casos, los fondos servirán para “defender parques y áreas verdes”; en otros, para “asesorías jurídicas” de carácter general.
Aunque el Presupuesto Participativo fue diseñado para mejorar la infraestructura, servicios o espacios públicos, este tipo de proyectos se ha vuelto constante. Desde 2023, la alcaldía Miguel Hidalgo ha autorizado más de 18.6 millones de pesos para defensa jurídica, principalmente en colonias con alta plusvalía.
El abogado y activista Gustavo García explicó que esta práctica revela “la falta de acompañamiento institucional ante el crecimiento inmobiliario” y una distorsión del sentido original del programa: “el PP nació para beneficiar a la comunidad, no para financiar litigios privados”, señaló.
En los últimos tres años, los recursos se han destinado casi de forma idéntica: en 2023, más de 5.3 millones de pesos, y en 2024, 5.6 millones, fueron usados en asesorías para Lomas Altas, Bezares, Virreyes y Reforma Social.
La tendencia expone cómo el Presupuesto Participativo, pensado para mejorar la calidad de vida vecinal, ha sido reinterpretado como un instrumento legal de autodefensa para zonas privilegiadas, mientras otras colonias siguen esperando servicios básicos.
