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Transportistas y campesinos anuncian megabloqueo nacional este 24 de noviembre

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El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), integrado por transportistas y organizaciones campesinas, confirmó que el próximo lunes 24 de noviembre realizará un megabloqueo nacional con cierre total de carreteras, acciones en la industria y toma de aduanas en la frontera norte. Los convocantes pidieron a la población evitar viajes ese día al advertir que “no va a haber paso” en múltiples puntos del país, tras señalar la falta de resultados en las mesas de diálogo con el gobierno federal.

Los líderes del movimiento señalan que la movilización busca visibilizar problemas que, afirman, han sido ignorados por años y que afectan tanto al sector transportista como al campo mexicano. Entre ellos destacan la inseguridad y extorsión en carreteras, que aseguran se presenta en los 32 estados, así como la falta de documentos oficiales por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como licencias plastificadas, placas y papeletas. En el sector agrícola, demandan que el Estado retome su papel como responsable de la producción, comercialización y distribución de alimentos, ante lo que califican como un vacío presupuestal en la Secretaría de Hacienda.

El FNRCM prevé afectaciones en casi todo el territorio nacional. Entre las carreteras con cierres anunciados están la México–Toluca, México–Querétaro, México–Pachuca, México–Puebla y rutas hacia Cuernavaca. También se anticipan bloqueos en estados clave, incluidos Baja California, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, donde se prevé el cierre de aduanas como Nuevo Laredo, Tampico y Veracruz.

David Estevez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, afirmó que, pese a las reuniones con legisladores, “no ha habido ni un resultado” hasta ahora. La convocatoria eleva la tensión en un escenario donde las protestas buscan presionar al gobierno, mientras la ciudadanía se prepara para una jornada que podría paralizar buena parte del país y reabre el debate sobre la eficacia del diálogo institucional frente a la presión social organizada.

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