La fiscalización en México dio un giro relevante. Con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que redefine el alcance de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dotándola de herramientas más amplias para vigilar el uso de recursos públicos, incluso en áreas que antes eran intocables.
El cambio central elimina restricciones clave: la ASF podrá auditar proyectos clasificados como de “seguridad nacional” y acceder a información reservada, siempre que esté vinculada con el manejo de dinero público. Esto representa un quiebre con prácticas anteriores, donde ciertas obras quedaban fuera del escrutinio bajo argumentos de confidencialidad.
A la par, se incorpora una figura que podría cambiar la dinámica de control: auditorías en tiempo real. Es decir, la revisión ya no tendrá que esperar a los ciclos tradicionales de rendición de cuentas, lo que permitiría detectar irregularidades mientras ocurren, y no años después.
Otro elemento novedoso es la inclusión de la ciudadanía. A través de mecanismos formales, cualquier persona podrá solicitar auditorías o presentar denuncias, ampliando el espectro de vigilancia más allá de las instituciones.
La reforma también fortalece la capacidad de investigación de la ASF, que podrá actuar por iniciativa propia o a partir de denuncias para indagar posibles faltas administrativas graves. Además, se establecen plazos más definidos para dar respuesta a las observaciones, lo que busca agilizar procesos que históricamente han sido lentos.
El contexto en el que surge esta reforma no es menor. En años recientes, grandes proyectos de infraestructura han sido cuestionados por su nivel de opacidad, lo que incrementó la presión para abrirlos al escrutinio público.
