La próxima reforma electoral que prepara el gobierno federal promete mover piezas sensibles del sistema político. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la iniciativa pondrá especial énfasis en vigilar con lupa los recursos que se usan en campañas, con la intención de cerrar el paso al dinero del crimen organizado y fortalecer la transparencia en los procesos electorales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que ya existe un acuerdo previo con los partidos aliados de Morena en el Congreso —el PT y el PVEM—, lo que permitiría enviar el proyecto al Legislativo en los próximos días. Si no ocurre la siguiente semana, dijo, será antes de que termine febrero. A partir de ahí, el ritmo lo marcarán los propios legisladores.
Sheinbaum fue clara al responder una de las principales inquietudes: la reforma sí contempla un mayor control sobre el origen y uso de los recursos, no solo en términos de montos, sino en cómo y para qué se gastan. También rechazó que una eventual reducción del financiamiento público a partidos pueda abrir la puerta a recursos ilícitos. “No, ya van a ver la reforma”, respondió con confianza.
Sin embargo, el consenso no es total. En encuentros recientes con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dirigentes del PT y PVEM han expresado reservas, especialmente frente a la idea de recortar recursos a los partidos y eliminar las diputaciones plurinominales.
A esto se suma la advertencia de analistas. La consultora Integralia señala que disminuir el financiamiento público podría debilitar a la oposición, reducir la competencia electoral y, paradójicamente, aumentar el riesgo de dinero ilegal en las campañas. El modelo actual, recuerdan, nació en los años noventa para garantizar equidad y autonomía frente al poder político.
La discusión apenas arranca. El reto será encontrar un equilibrio real entre austeridad, vigilancia y democracia, sin que el remedio termine afectando la confianza en las elecciones del futuro.
