El Gobierno de México presentó el Paquete Arancelario como parte del Plan México, una estrategia orientada a proteger alrededor de 350 mil empleos frente a prácticas de competencia desventajosa que afectan a diversas industrias nacionales. La medida, aprobada por el Congreso con ajustes, fue explicada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien señaló que en varios sectores no existe un “piso parejo” para competir.
De acuerdo con el funcionario, industrias como la textil y del vestido, el calzado, el acero y la automotriz enfrentan afectaciones al empleo debido al ingreso de productos importados con precios por debajo de los estándares internacionales. Aclaró que el problema no radica en la falta de capacidad productiva, sino en condiciones comerciales que colocan a la industria mexicana en desventaja.
Ebrard subrayó que el paquete no tiene un diseño geopolítico ni busca afectar a un país en específico, sino corregir distorsiones económicas y comerciales. México mantiene acuerdos con diversas naciones, mientras que con otros países no existen tratados comerciales, lo que obliga a aplicar medidas cuando se detectan abusos que impactan el empleo nacional.
Explicó que, en un entorno de competencia equilibrada, no habría razón para imponer aranceles; sin embargo, cuando existen prácticas injustas, es necesario compensar esas diferencias. Entre las acciones del Plan México destacó el fortalecimiento del contenido nacional en cadenas productivas, la sustitución de importaciones, el impulso a la marca Hecho en México y el aumento de la inversión nacional.
El Paquete Arancelario fue ajustado tras el diálogo con cámaras empresariales y representantes de distintos sectores, lo que derivó en modificaciones en 17 rubros, particularmente en autopartes, donde se reconoció la dificultad para sustituir insumos de manera inmediata.
La estrategia busca equilibrar el comercio exterior sin cerrar mercados, reforzando al mismo tiempo la capacidad productiva del país. El reto, hacia adelante, será mantener la apertura comercial mientras se garantizan condiciones justas que sostengan el empleo y el desarrollo industrial.
