Después de años de litigios, resoluciones judiciales y debate público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que un grupo empresarial encabezado por Grupo Salinas acordó cubrir un adeudo fiscal que supera los 32 mil millones de pesos. El anuncio no pasó desapercibido: marca uno de los pagos más altos registrados y reaviva la conversación sobre impuestos, poder económico y cumplimiento de la ley en México.
De acuerdo con la autoridad fiscal, más de 10 mil 400 millones de pesos ya ingresaron a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto se liquidará a través de 18 pagos. El SAT precisó que el acuerdo se dio conforme a lo establecido en el Código Fiscal y a resoluciones judiciales vigentes, poniendo fin a un proceso que se arrastró durante varios años.
Horas después, Grupo Salinas reaccionó. En un comunicado, la empresa aseguró que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales y recordó que, en dos décadas, ha pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos. Aun así, reconoció que este pago se realizó pese a su desacuerdo con el fondo del caso, con la intención —dijeron— de cerrar el capítulo y recuperar tiempo y energía para enfocarse en sus actividades productivas.
Desde otro frente, la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, celebró el pago y lo calificó como un “triunfo del Estado de derecho”. Subrayó que no importa el tamaño de la empresa o su capacidad económica: las obligaciones fiscales aplican por igual. También recordó que uno de los casos involucrados, relacionado con Total Play, fue combatido desde 2017 mediante amparos hasta que la empresa decidió desistirse.
Más allá de comunicados y posturas encontradas, el hecho deja un mensaje claro: en un país donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, estos episodios ponen a prueba la idea de igualdad ante la ley. La pregunta que queda es si este caso será una excepción llamativa o el inicio de una regla que se aplique sin distingos.
