La tensión en la Ribera de San Cosme ya no solo se juega en las calles, sino también en el terreno político. Morena acusó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de haber utilizado el retiro de comerciantes como una represalia tras la denuncia presentada ante la Contraloría capitalina por la diputada local Diana Sánchez Barrios.
El señalamiento se hizo público durante el programa informativo “La Chilanguera”, donde la legisladora difundió un video que, según afirmó, muestra una actitud autoritaria durante el operativo. Desde su perspectiva, la acción no respondió únicamente a una política de orden urbano, sino a un movimiento político tras exhibir presuntas irregularidades dentro de la administración local.
Sánchez Barrios sostuvo que el conflicto se ha presentado como un asunto administrativo cuando, en realidad —dijo— tiene tintes de confrontación. Rechazó además las acusaciones que la alcaldesa ha dirigido hacia su organización, ProDiana A.C., defendiendo su operación y asegurando que se trata de una asociación formal que brinda respaldo social y legal a comerciantes.
En ese contexto, el dirigente de Morena, Paulo García, reforzó la narrativa al señalar que no hubo disposición al diálogo, sino una ejecución directa del retiro. La crítica apunta a que el operativo se habría realizado en medio de un clima de creciente fricción política en la demarcación.
El debate abre una discusión más amplia sobre los límites entre gobernar y confrontar. Cuando las acciones administrativas se interpretan como respuestas políticas, la línea entre ordenamiento urbano y disputa de poder se vuelve difusa, dejando a los comerciantes en medio de una batalla que parece ir más allá del espacio público.
