La tensión por el crecimiento urbano en la alcaldía Miguel Hidalgo comenzó a reflejarse también en los números. Durante los últimos años, las denuncias por posibles violaciones a la zonificación crecieron de manera constante en esta demarcación gobernada por Mauricio Tabe Echartea, abriendo nuevamente el debate sobre el desarrollo inmobiliario, la supervisión gubernamental y el impacto que tienen ciertas construcciones en la vida cotidiana de los vecinos.
Los registros muestran un aumento importante en este tipo de irregularidades. Mientras en 2022 apenas se reportaron cuatro casos relacionados con usos indebidos de suelo o construcciones fuera de norma, para 2023 la cifra escaló hasta 15 denuncias, un incremento que encendió alertas entre habitantes y autoridades ambientales. Aunque en 2024 hubo una ligera reducción con 12 expedientes, el problema no desapareció. Por el contrario, en 2025 se alcanzaron 16 casos y, tan solo en los primeros meses de 2026, ya suman nueve investigaciones en proceso.
Detrás de estas cifras aparece una problemática que cada vez genera más tensión en varias zonas de la capital: edificios que crecen más de lo permitido, comercios instalados en áreas habitacionales y modificaciones urbanas que terminan alterando el equilibrio de colonias enteras.
En varios de los casos investigados, las denuncias apuntan a desarrollos que añadieron niveles extra a los inmuebles, aun cuando los programas de desarrollo urbano no lo autorizan. También existen reportes relacionados con actividades comerciales funcionando en espacios destinados exclusivamente para vivienda.
La situación ha puesto nuevamente bajo la lupa el modelo de crecimiento inmobiliario en zonas con alta plusvalía como Polanco, Anzures, Tacuba y otras áreas de Miguel Hidalgo, donde el valor del suelo y la presión por construir más parecen avanzar más rápido que la capacidad institucional para supervisar.
Las investigaciones han sido canalizadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, instancia encargada de revisar posibles incumplimientos urbanos y ambientales en la Ciudad de México. Sin embargo, vecinos han señalado en distintas ocasiones que los procedimientos suelen ser lentos y que muchas obras continúan operando mientras se resuelven los expedientes.
El problema no es menor. Cuando una construcción rompe las reglas de zonificación, las consecuencias no solo afectan la imagen urbana. También impactan servicios básicos, movilidad, abastecimiento de agua, drenaje y calidad de vida para quienes habitan alrededor.
Y justo ahí está el verdadero reto para las autoridades capitalinas: encontrar un equilibrio entre desarrollo urbano y orden territorial. Porque mientras la ciudad sigue creciendo verticalmente, también aumenta la percepción de que en algunas zonas construir parece más fácil que respetar las reglas.
