En plena crisis de violencia que atraviesa Michoacán, el gobierno estatal designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. El nombramiento coincide con el despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras los recientes asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo.
Cruz Medina, policía de carrera y figura cercana al actual secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, llega al cargo con amplia experiencia en operaciones tácticas y combate al crimen organizado. En la extinta Policía Federal encabezó la Dirección de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, y ha ocupado puestos de alto nivel en Baja California, la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Guardia Nacional. Su trayectoria incluye una Mención Honorífica de la Policía Federal, especializaciones internacionales en inteligencia y combate urbano, y participación en foros de seguridad en México, Estados Unidos y Canadá.
Junto a él, Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar, fue nombrado subsecretario de Operación Policial tras la salida de José Ortega Silva. Ambos perfiles se suman a la estrategia federal que busca contener a más de 12 grupos delictivos que operan en el estado desde hace más de una década.
De acuerdo con plataformas de inteligencia del Gobierno Federal, en Michoacán mantienen presencia organizaciones como el CJNG, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, los Cárteles de Tepalcatepec, Aquila, Coahuayana, Los Reyes, Pueblos Unidos, Los Correa y otros grupos regionales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla formalizó los nombramientos y destacó que la nueva estructura de seguridad será clave para reforzar la ofensiva anunciada por la Federación. Sin embargo, el reto es mayúsculo: las regiones del estado registran extorsiones, homicidios y disputas territoriales que colocan a Michoacán entre las entidades con mayor presión criminal del país.
En medio del descontento social y las exigencias de mayor protección, el cambio en el mando policial llega como un intento de recomponer la estrategia. Queda por verse si la nueva estructura logrará recuperar terreno en un estado donde la violencia se ha normalizado y donde la ciudadanía sigue exigiendo respuestas efectivas.
