El Congreso mexicano dio luz verde al nuevo muro arancelario que el Gobierno federal aplicará desde los primeros minutos de 2026 a varios países asiáticos sin acuerdos comerciales con México. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ajusta más de mil fracciones arancelarias y fija cuotas de entre 5% y 50% a importaciones provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam o Tailandia. La medida persigue dos objetivos: fortalecer la posición mexicana rumbo a la revisión del TMEC y captar ingresos adicionales en un momento de menor dinamismo económico.
Detrás de esta decisión también figura un rediseño institucional. La Secretaría de Economía recibió nuevas facultades para regular, mediante mecanismos específicos, la entrada de mercancías de naciones con las que no existe tratado comercial. Con ello se pretende asegurar el abasto de insumos en condiciones competitivas y evitar disrupciones en sectores clave.
La aprobación avanzó con rapidez y no sin tensiones. Morena y sus aliados avalaron el incremento de aranceles en 17 industrias estratégicas, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron los efectos que tendrá sobre los costos de producción y, eventualmente, sobre el consumidor. El PT se abstuvo, argumentando que la medida dificulta el acercamiento con los bloques económicos emergentes.
El oficialismo ha defendido el plan bajo el argumento de un intercambio desigual, especialmente con China, cuyo déficit comercial con México supera los 120 mil millones de dólares. La oposición, en contraste, advierte que la medida encarecerá productos indispensables y desincentivará inversiones privadas. Algunas mercancías antes exentas ahora pagarán entre 20% y 35% más, y ciertos artículos alcanzarán el 50%.
Con su entrada en vigor en 2026, el muro arancelario abre un dilema mayor: hasta dónde México puede equilibrar protección comercial, competitividad y atracción de inversión sin trasladar los costos a la población.
