La relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. El Departamento de Justicia estadounidense calificó como un “logro histórico” la entrega de 37 criminales por parte del gobierno mexicano, entre ellos integrantes de algunos de los cárteles más violentos que operan en la región. El reconocimiento fue directo y público: hubo agradecimientos explícitos a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por facilitar el proceso.
Desde Washington, la fiscal general Pam Bondi destacó que esta acción refuerza la cooperación internacional para llevar ante la justicia a integrantes de organizaciones criminales que, durante años, han impactado a la sociedad estadounidense. En la misma línea, el director de la DEA, Terrance Cole, subrayó que el trabajo conjunto permitirá debilitar a los cárteles, frenar el tráfico de fentanilo y salvar vidas.
El mensaje fue respaldado por el FBI y el Servicio de Alguaciles, que coincidieron en que la entrega masiva de fugitivos envía una señal clara: las fronteras no son un refugio para quienes enfrentan cargos graves. De hecho, esta es la tercera ocasión en la que México aplica su Ley de Seguridad Nacional para expulsar criminales a Estados Unidos y representa la transferencia más numerosa hasta ahora.
Entre los entregados hay perfiles de alto impacto. Destacan operadores y líderes vinculados al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel del Noreste, así como una mujer señalada por tráfico de armas, personas y drogas. Todos enfrentarán procesos judiciales que podrían derivar en cadena perpetua, aunque sin pena de muerte, conforme a los acuerdos bilaterales.
Más allá de los nombres y las cifras, el hecho abre una reflexión inevitable: la cooperación internacional se consolida como una de las herramientas más fuertes contra el crimen organizado. El reto, sin embargo, sigue siendo que estos golpes no se queden solo en gestos históricos, sino que tengan un impacto real y duradero en la seguridad de ambos países.
