La idea del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de pedir la reubicación de las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua fuera de su demarcación encendió una ola de críticas y reacciones dentro del ámbito legislativo y político. La propuesta, que mezcla política local con asuntos exteriores, ha abierto un debate sobre límites de competencias y prioridades de gestión.
Tabe, alcalde panista de una de las alcaldías más influyentes de la Ciudad de México, hizo pública su solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante redes sociales. Allí argumentó que no puede “normalizar la injusticia” y que Miguel Hidalgo, al autodenominarse “Bastión de la Libertad”, no puede acoger embajadas de naciones que considera regímenes autoritarios que han abusado del poder y reprimido a sus pueblos.
Las críticas no tardaron. Legisladores locales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso capitalino calificaron la propuesta como una “ocurrencia desequilibrada” sin fundamento legal, y recordaron que la política exterior es una facultad exclusiva del Gobierno federal, ejercida a través de la SRE. El diputado Víctor Hugo Romo expresó en redes su perplejidad ante la idea de “sacar embajadas de Miguel Hidalgo”, señalando que un alcalde no tiene competencias en ese terreno.
En el plano federal, la presidenta Claudia Sheinbaum también descartó la propuesta. Durante una conferencia de prensa, afirmó que el alcalde “quiere llamar la atención” y subrayó que los ayuntamientos no tienen atribuciones para definir la política exterior o determinar la ubicación de sedes diplomáticas. La relación internacional, agregó, corresponde al Estado mexicano como un todo.
El debate trasciende la figura de un solo funcionario. Pone en evidencia la tensión entre acciones locales impulsivas y los límites de la ley en materias que afectan la diplomacia oficial. La pregunta que queda flotando es si este tipo de posturas, más simbólicas que prácticas, ayudan o distraen de los desafíos cotidianos que enfrentan las alcaldías en materia de servicios, seguridad y administración pública. En política, como en la vida urbana, la claridad en funciones y prioridades marca la diferencia entre generar soluciones o alimentar polémicas sin consecuencia real.
