En un contexto donde los delitos sexuales mantienen una alta incidencia, la diputada Leonor Otegui presentó una iniciativa que busca cambiar la forma en que se enfrentan estas conductas en la capital. La propuesta plantea adicionar el artículo 178 TER al Código Penal para establecer la reeducación obligatoria de personas imputadas o sentenciadas por agresiones sexuales.
La idea central rompe con el esquema tradicional. Hasta ahora, el sistema se ha enfocado en sancionar y reparar el daño, pero la legisladora advierte que ese enfoque ha resultado insuficiente para contener el problema. Por ello, la iniciativa propone que los agresores participen en programas formativos sobre igualdad, respeto, perspectiva de género y prevención de la violencia.
El planteamiento surge en un escenario preocupante. A nivel nacional se reportan más de 33 mil delitos sexuales, lo que equivale a cerca de 90 agresiones diarias. Además, entidades como el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco concentran más de un tercio de estos casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Desde tribuna, Otegui subrayó que el objetivo no es reducir penas, sino complementar el modelo punitivo con medidas preventivas. La reeducación, explicó, permitiría que los agresores comprendan el impacto físico y emocional de sus actos, reconozcan límites y asimilen el concepto de consentimiento.
La propuesta también establece que estos procesos deberán aplicarse incluso en casos donde exista perdón de la víctima o resolución absolutoria, bajo el argumento de que la conducta violenta no desaparece únicamente con un fallo legal. La implementación quedaría a cargo del sistema penitenciario en coordinación con el DIF.
Experiencias en países como Alemania, España y Estados Unidos han servido como referencia para este modelo, donde programas de intervención buscan reducir la reincidencia mediante procesos de sensibilización y cambio conductual.
Con esta iniciativa, se abre el debate sobre la efectividad de las políticas actuales y la necesidad de integrar mecanismos que no solo castiguen, sino que intenten modificar las conductas que originan la violencia.
