El litio, considerado uno de los recursos más estratégicos del futuro energético, quedó definitivamente bajo control del Estado mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma a la Ley Minera de 2022, consolidando que su exploración y explotación no podrán ser concesionadas a particulares.
La decisión marca un punto de inflexión. Con este fallo, el máximo tribunal desechó los argumentos de legisladores que buscaban invalidar la reforma, entre ellos presuntas violaciones a la legalidad, a la seguridad jurídica y a derechos de comunidades indígenas.
Uno de los aspectos más debatidos fue precisamente la consulta a pueblos originarios. La Corte concluyó que, en este caso, no era obligatoria, al considerar que la modificación legal no generaba una afectación directa a sus derechos.
La reforma no solo redefine quién puede explotar este recurso, sino también cómo se organiza el sector. Se estableció la creación de un organismo público encargado de gestionar el litio y se clasificaron los yacimientos como zonas de reserva minera, blindando su manejo bajo criterios estatales.
En términos prácticos, esto significa que el litio —clave para baterías, autos eléctricos y nuevas tecnologías— se convierte en un activo estratégico cuya administración queda exclusivamente en manos del gobierno.
El fallo también respalda el marco técnico que regulará su explotación, al señalar que cualquier intervención deberá cumplir con procedimientos específicos y contar con la participación del Servicio Geológico Mexicano.
Más allá del ámbito jurídico, la resolución reabre una discusión de fondo: el papel del Estado en sectores estratégicos frente a la participación privada. Mientras algunos ven en esta decisión una apuesta por la soberanía energética, otros advierten sobre los retos de eficiencia y capacidad operativa.
