Un cargamento que parecía rutinario terminó bajo resguardo federal. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, personal naval en coordinación con autoridades aduaneras aseguró 72 mil cajetillas de cigarros ilegales, equivalentes a un millón 440 mil piezas, escondidas en 120 cajas con irregularidades en su origen y documentación.
La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina, que detectó inconsistencias en rutas logísticas, papeles de importación y perfiles de envío. Tras un análisis de riesgo y labores de inspección —con apoyo de binomios caninos— el cargamento fue interceptado antes de que pudiera distribuirse en el mercado nacional.
El decomiso no es un hecho aislado. Entre septiembre de 2025 y lo que va de 2026, las autoridades han confiscado cerca de 80 millones de cajetillas ilegales. En conjunto, representan unas 144 toneladas de producto y un valor estimado superior a mil 100 millones de pesos. La magnitud revela un mercado paralelo que opera con redes de contrabando y, en muchos casos, con vínculos hacia estructuras delictivas más amplias.
El comercio ilícito de tabaco no solo evade impuestos; también alimenta circuitos financieros opacos que pueden sostener otras actividades criminales. Cada cargamento incautado reduce una parte de ese flujo, pero también evidencia la dimensión del desafío.
Más allá de la cifra impactante, el operativo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar controles y cooperación institucional. En un punto estratégico como el AICM, la vigilancia constante no es opcional: es una barrera clave frente a un negocio que se reinventa cada vez que encuentra una rendija.
