La rehabilitación de la Línea Z del ferrocarril, pieza clave del Corredor Interoceánico, avanzó desde su origen con más velocidad que planeación. Así lo advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al detectar que los trabajos iniciaron sin contar con estudios completos, proyectos ejecutivos concluidos ni un programa de obra que permitiera a las empresas licitantes presentar propuestas técnicas sólidas para operar de manera continua.
La primera señal de alarma fue la rescisión del contrato inicial. La ASF pidió investigar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que autorizaron y mantuvieron los trabajos pese a una planeación deficiente. Aun así, la obra siguió su curso como una de las prioridades del gobierno federal, promovida públicamente como una simple rehabilitación ferroviaria con beneficios comunitarios, aunque en el fondo respondía a una lógica comercial orientada al transporte intensivo de mercancías y a la atracción de inversión internacional.
Las irregularidades no se detuvieron. En una auditoría posterior, enfocada en un nuevo contrato para el mismo tramo, se identificaron inconsistencias en reportes de maquinaria presuntamente utilizada, sin evidencia de su operación real. El monto observado fue menor, pero significativo como patrón. En la revisión del ejercicio siguiente, la ASF volvió a señalar un probable daño a la Hacienda pública por conceptos no previstos relacionados con el armado de la vía.
A estos hallazgos se sumó un descarrilamiento en el tramo rehabilitado entre Mogoñé Viejo y La Mata, reconocido oficialmente por la autoridad encargada de la obra. Sin embargo, la información pública disponible no permite saber si las observaciones iniciales fueron solventadas ni conocer a detalle los motivos de la rescisión del primer contrato. Tampoco se encuentran completas las contrataciones en la Plataforma Nacional de Transparencia, pese a ser una obligación legal.
