Desde las fronteras con Veracruz y Guatemala, hasta los municipios tabasqueños de Huimanguillo y Tenosique, el nombre de Hernán Bermúdez Requena comenzó a sonar como el verdadero poder detrás de la delincuencia en la región. Conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, su figura se consolidó tras la fractura de Los Zetas en el estado y gracias a una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los informes revelados en 2022 por Guacamaya Leaks describen con detalle cómo Bermúdez, mientras ocupaba la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, ejercía una doble función. Desde su cargo público coordinaba a líderes de la organización conocida como La Barredora: decidía cuánto debía cobrarse de extorsiones, señalaba a las víctimas de secuestros o asesinatos y hasta indicaba en qué sitios abandonar los cuerpos. Bajo su mando, se autorizaban ataques y se repartían “licencias” para delinquir.
El vacío de poder criminal surgió años atrás, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la captura y muerte de cabecillas de Los Zetas en la entidad. Sus familiares y allegados heredaron las actividades ilícitas: tráfico de migrantes, ordeña de ductos de Pemex, cobro de piso y trasiego de drogas. Con la llegada de Adán Augusto López Hernández a la gubernatura, se ordenó pacificar el estado. Bermúdez negoció directamente con esos herederos, que terminaron sometiéndose a su control.
Nombrado secretario de Seguridad en diciembre de 2019, para febrero del año siguiente ya se había reunido con los principales líderes criminales de Tabasco. Aquel movimiento marcó el inicio de un dominio que transformó la seguridad pública en un tablero donde lo institucional y lo ilegal caminaron de la mano. La historia abre interrogantes sobre cómo se difuminan las fronteras entre autoridad y crimen en regiones donde el poder depende de pactos invisibles.
