La posible libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, volvió a tensarse luego de que uno de los testigos de la Fiscalía General de la República lo acusó de frenar deliberadamente el proceso penal que enfrenta por desaparición forzada. Según ese testimonio, el exmandatario habría mostrado una conducta de abierta resistencia, alegando problemas de salud y negándose a salir de su celda para evitar ser imputado formalmente.
El señalamiento detalla que, tras ser entregado por Guatemala a las autoridades mexicanas, un juez veracruzano ordenó su captura por la desaparición de un taxista. Desde entonces, las audiencias iniciales se suspendieron en varias ocasiones: primero porque Duarte aseguró haber convivido con una persona contagiada de Covid-19; después, porque dijo desconocer los cargos y se rehusó a presentarse.
La fiscal Denise Moreno Córdova explicó que, ante estas negativas, solicitó la intervención de la Fiscalía capitalina para ejecutar la orden de aprehensión, lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, el traslado a la audiencia volvió a complicarse: la representación ministerial afirmó que Duarte utilizó distintos padecimientos como argumento para suspender o abandonar la diligencia, incluso retirándose sin autorización judicial antes de ser llevado de vuelta a la sala por personal penitenciario.
La defensa del exgobernador acusó que estos señalamientos buscan exhibirlo, pero la Fiscalía veracruzana sostuvo que durante más de un año enfrentó maniobras para impedir su imputación. Pese a ello, logró vincularlo a proceso, aunque esa resolución fue revocada y continúa impugnada.
Mientras la jueza de Ejecución Penal prepara su resolución, el expediente sigue abierto y enfrenta criterios encontrados entre instancias locales y federales. El caso evidencia una pregunta incómoda: ¿cuánto puede resistir un proceso cuando el acusado domina cada resquicio legal para frenarlo?
