De los talleres al tejido comunitario: el impulso que busca transformar realidades

El financiamiento público volvió a tocar tierra en proyectos que apuestan por la autonomía y el fortalecimiento social. Con una inversión de cinco millones de pesos, la Secretaría de las Mujeres reactivó el respaldo a iniciativas enfocadas en mujeres en situación de vulnerabilidad y en poblaciones históricamente excluidas, con una agenda que combina derechos, capacitación y redes de cuidado.

Uno de los ejemplos más visibles es el trabajo de la organización Zícaro, que optó por herramientas poco habituales en este tipo de programas: soldadoras, sierras y materiales reciclados. Durante seis meses, 52 personas —en su mayoría mujeres, entre ellas adultas mayores y madres solteras— se formaron en herrería y carpintería, aprendiendo a transformar desechos en productos con valor comercial.

El proceso no fue sencillo. Stephanie Cuapio, representante del colectivo, recordó que al inicio el miedo dominaba los talleres. Sin embargo, con el paso del tiempo, las participantes no solo dominaron técnicas de corte y ensamblaje, sino que ganaron confianza, construyeron vínculos y se llevaron la certeza de que podían generar ingresos propios y pensar en emprendimientos más ambiciosos.

En paralelo, otro de los proyectos apoyados puso el foco en la autonomía personal de personas con identidades lesbianas y bisexuales. Desde un enfoque de derechos humanos, la organización Lesbian Work articuló su labor en cuatro frentes: salud sexual, participación política a través de Políticas a la Calle, acceso a trabajo digno y el programa Nosotras te acompañamos, dedicado a la atención y prevención de la violencia.Fabiola Baleón y Mariana Cruz, integrantes del colectivo, señalaron que el impacto fue más allá de las personas beneficiarias, al fortalecer redes comunitarias y ampliar las capacidades del personal público que atiende a estos grupos.

De acuerdo con Camila Ramírez Araujo, jefa de la Unidad Departamental de Autonomías, durante 2025 el programa respaldó a 11 organizaciones civiles, con impacto directo en tres mil 745 personas de alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Tlalpan e Iztapalapa, entre otras.