El proceso judicial por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas dio un giro clave. Un juzgado federal en la Ciudad de México rechazó conceder un amparo a la empresa Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), con lo que se mantiene su estatus como imputada dentro de la investigación por los hechos ocurridos durante el festival Axe Ceremonia.
La resolución fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, luego de que la empresa buscara frenar la imputación dictada por la Fiscalía capitalina. El recurso legal había sido promovido a mediados de enero, cuando el Ministerio Público modificó la situación jurídica de OCESA tras el colapso de una grúa en el Parque Bicentenario, incidente que cobró la vida de ambos fotógrafos.
Con esta decisión, OCESA seguirá señalada como una de las cinco empresas presuntamente responsables dentro de la carpeta de investigación, la cual continúa en integración y se perfila para ser presentada ante un Juez de Control. El fallo también marca un precedente, ya que se suma a otro amparo previamente negado a una empresa de seguridad privada involucrada en el caso.
El accidente no solo abrió una investigación penal, también detonó una ola de protestas y exigencias públicas para que el caso no quede impune. Familiares, colegas y colectivos han salido a las calles para exigir claridad, responsabilidad y justicia.
En ese contexto, los padres de Berenice Giles se manifestaron frente a juzgados civiles para expresar su rechazo a los intentos legales de deslinde por parte de la empresa organizadora. El mensaje es claro: más allá de los escenarios y espectáculos, la seguridad no es un trámite, y cuando falla, las consecuencias trascienden cualquier festival.
