La polémica por las camionetas blindadas alcanzó de lleno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras días de críticas y cuestionamientos públicos, el máximo tribunal decidió dar marcha atrás: las unidades de lujo adquiridas para ministras y ministros no serán utilizadas y, en la medida de lo posible, se buscará devolverlas.
La historia comenzó cuando la Corte confirmó la compra de nueve camionetas valuadas en alrededor de 1.7 millones de pesos cada una, una decisión tomada a pocos meses de la entrada en funciones de la nueva integración. En su momento, el argumento fue claro: seguridad y protección para quienes ocupan uno de los cargos más sensibles del país. Sin embargo, el anuncio desató inconformidad ciudadana por el contraste entre el discurso de austeridad y el alto costo de los vehículos.
Ante el ruido generado, el pleno acordó frenar su uso. Si la devolución no prospera, las camionetas serán reasignadas a personas juzgadoras que realmente enfrenten riesgos específicos. El mensaje se reforzó durante una conferencia encabezada por el ministro presidente, Hugo Aguilar, quien dejó una frase contundente: “La austeridad no es un acto simbólico”.
Aguilar explicó que desde hace años existen protocolos de seguridad que incluyen autos blindados y que, con el paso del tiempo, muchas unidades quedaron obsoletas o fueron heredadas por ministros retirados. Aun así, reconoció que el reclamo social obligó a replantear decisiones. “La seguridad no tiene por qué confundirse con el lujo”, afirmó, al detallar que ya inició el proceso para desincorporar los vehículos.
El episodio deja una lección incómoda pero necesaria: en tiempos de escrutinio permanente, cada decisión pública pesa más allá de lo administrativo. La Corte insiste en que la austeridad no afectará su funcionamiento, pero el verdadero reto será demostrarlo con hechos cotidianos, no solo con discursos bien intencionados.
