En la colonia Reforma Social, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, estacionarse se ha convertido en una rutina que empieza antes del amanecer… y bajo condiciones poco claras. Desde hace meses, residentes y trabajadores aseguran que grupos organizados colocan botes y objetos desde las cinco de la mañana para “reservar” espacios en la vía pública, una práctica que, lejos de desaparecer, parece haberse normalizado.
Las quejas apuntan a que estos apartados no son improvisados. Operan por turnos, mantienen presencia constante en la zona y, según testimonios, solicitan cuotas que van de los 20 a los 50 pesos para permitir el uso del lugar. Negarse no es sencillo: algunos automovilistas relatan amenazas veladas, como rayones o daños al vehículo.
Durante un recorrido en calles como General García Conde, trabajadores confirmaron que la dinámica incluye presión directa. Uno de ellos relató que incluso fue interceptado por un policía cuando intentaba estacionarse sin pagar, advirtiéndole que su auto podría ser retirado si no cooperaba.
Sin embargo, la escena cambió brevemente cuando, tras rumores de un operativo, los objetos desaparecieron de las calles. La calma fue temporal: automovilistas señalaron que la retirada solo fue preventiva y que el regreso de los franeleros sería cuestión de tiempo.
Aunque autoridades locales aseguran que apartar espacios está prohibido y puede sancionarse con multas o arresto administrativo, el problema parece resistir más allá de los operativos. El silencio de algunos vecinos, motivado por miedo a represalias, sugiere que la práctica no solo persiste, sino que se adapta.
Más que un tema de movilidad, la situación deja al descubierto una realidad cotidiana: cuando el control informal del espacio público se vuelve costumbre, la legalidad termina dependiendo más de la vigilancia ocasional que de una solución de fondo.
