En un hecho poco común en la política mexicana, la Cámara de Diputados logró consenso total. Con 458 votos a favor, incluyendo el respaldo de la oposición, se aprobó la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar las llamadas pensiones “doradas” dentro del sector público.
La medida busca poner fin a esquemas que permitían a ciertos funcionarios recibir montos que, en algunos casos, superaban el millón de pesos mensuales. Con la modificación al artículo 127 constitucional, se establece un nuevo límite: ningún servidor público podrá recibir pensiones por encima de los 70 mil pesos al mes.
El cambio apunta principalmente a organismos descentralizados y empresas productivas del Estado, donde se detectaron los beneficios más elevados. Entre ellos destacan instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y entidades financieras públicas.
Desde el gobierno federal, el argumento es claro: ajustar estos privilegios permitirá generar ahorros significativos para el erario, estimados en alrededor de 5 mil millones de pesos. Además, se presenta como un paso hacia la equidad dentro del servicio público.
La reforma ya había sido aprobada por el Senado, pero aún necesita el aval de al menos 17 congresos estatales para completar el proceso legislativo y ser publicada oficialmente.
El debate no ha estado exento de polémica. Mientras algunos celebran la medida como un acto de justicia, otros advierten sobre posibles implicaciones en derechos laborales adquiridos. Sin embargo, el respaldo unánime en San Lázaro envía una señal política clara.
