El agua dejó de ser solamente un tema ambiental para convertirse en uno de los mayores desafíos políticos y sociales del país. Con ese contexto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum formalizó el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, una estrategia que busca endurecer la regulación del uso del agua, modernizar infraestructura y enfrentar el creciente estrés hídrico que ya golpea a buena parte del territorio nacional.
La publicación en el Diario Oficial de la Federación marca una diferencia importante respecto al plan presentado en 2024 por la propia administración federal y la Comisión Nacional del Agua, ya que ahora las medidas dejan de ser promesas generales y se convierten en lineamientos obligatorios para dependencias federales.
El diagnóstico que acompaña al programa no es menor. El documento reconoce que México enfrenta una presión cada vez más severa sobre sus recursos hídricos. Actualmente, 104 de las 757 cuencas del país presentan problemas de disponibilidad, mientras que 286 acuíferos ya no tienen agua suficiente para nuevas concesiones. El caso más delicado sigue siendo el Valle de México, donde los niveles de presión hídrica ya superan el 128 por ciento.
Frente a este panorama, el nuevo plan gira alrededor de cinco grandes ejes: mejorar la gobernanza del agua, garantizar el acceso al líquido y al saneamiento, hacer más eficiente el uso agrícola e industrial, proteger cuencas y acuíferos, además de reducir riesgos derivados del cambio climático.
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con las concesiones. Lo que antes era un discurso sobre ordenar permisos y combatir irregularidades, ahora se traduce en medidas concretas: revisión de concesiones vencidas, recuperación de volúmenes no utilizados y sustitución del Registro Público de Derechos de Agua por una nueva plataforma denominada REPNA.
Especialistas consideran que el programa representa un giro importante frente al modelo implementado desde la reforma de 1992, particularmente porque busca limitar la compraventa de derechos de agua entre particulares, una práctica que durante años permitió la especulación y concentración del recurso.
Durante el Foro del Agua México 2026, expertos advirtieron que el país enfrenta “múltiples crisis simultáneas” relacionadas con la calidad, disponibilidad y administración del agua. También señalaron que el verdadero reto no será anunciar reformas, sino lograr que realmente se apliquen con transparencia, vigilancia y financiamiento suficiente.
La apuesta del gobierno apunta a priorizar el acceso humano al agua por encima de intereses comerciales. Sin embargo, el desafío será enorme. Porque en un país donde las sequías avanzan, las fugas continúan y la infraestructura envejece, el problema ya no es solamente quién tiene el agua, sino cuánto tiempo más alcanzará para todos.
