Desde Azerbaiyán, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina lanzó un mensaje que mezcló política urbana, justicia social y crítica directa al modelo inmobiliario que domina en muchas ciudades del mundo. Durante su participación en el Foro Urbano Mundial, la mandataria defendió el papel de los gobiernos locales como la primera línea para enfrentar problemas que ya dejaron de ser únicamente ambientales o económicos: la desigualdad, la crisis de vivienda y el desplazamiento de comunidades enteras.
En la Asamblea de Mujeres “Co-creando estrategias transformadoras de género para una vivienda adecuada para todas las mujeres y niñas”, realizada en Bakú, Brugada aseguró que las ciudades no pueden seguir construyéndose bajo una lógica donde la vivienda se convierte únicamente en mercancía.
“La financiarización expulsó a miles de personas de sus barrios”, advirtió al hablar sobre gentrificación, especulación inmobiliaria y encarecimiento urbano, fenómenos que afectan cada vez más a capitales como la Ciudad de México.
La mandataria insistió en que los gobiernos locales viven “a ras de suelo” los efectos de las crisis globales. Desde inundaciones y cambio climático hasta falta de vivienda y violencia social, aseguró que son las ciudades quienes terminan absorbiendo el impacto cotidiano mientras los grandes organismos internacionales avanzan con lentitud.
En ese contexto, defendió el llamado “municipalismo internacional”, una visión que apuesta por conectar ciudades del mundo para compartir soluciones y presionar por una participación más activa en las decisiones globales.
Brugada también aprovechó el foro para presumir parte del modelo social impulsado en la capital mexicana, particularmente las Utopías, espacios comunitarios que integran cultura, deporte, salud y cuidados. Según explicó, la idea es construir ciudades donde el bienestar no dependa únicamente del ingreso económico, sino del acceso real a derechos.
Junto a ella participó el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini, quien informó que la ciudad proyecta 200 mil acciones de vivienda hacia 2030 y concluirá este año la reconstrucción de 22 mil hogares dañados por los sismos de 2017.
El funcionario también subrayó la necesidad de conectar vivienda con sistemas públicos de cuidado, transporte accesible y espacios seguros para mujeres, personas mayores y población con discapacidad.
Más allá del discurso diplomático, el mensaje de Clara Brugada dejó ver una postura política clara: las ciudades ya no quieren ser simples administradoras de problemas heredados. Quieren convertirse en actores globales capaces de definir cómo se vive, quién puede quedarse y qué modelo urbano se construirá en el futuro.
Porque en un mundo donde las rentas suben más rápido que los salarios y donde millones de personas son desplazadas lentamente de sus propios barrios, la pelea por la vivienda dejó de ser un tema inmobiliario para convertirse en una discusión sobre dignidad, permanencia y derecho a pertenecer.
