No solo operan con armas y rutas clandestinas. El Cártel Jalisco Nueva Generación también invierte en talento digital. Documentos contables atribuidos a su estructura revelan pagos por 630 mil pesos a siete especialistas en informática durante diciembre pasado, una cifra que exhibe el peso estratégico que el grupo da al frente cibernético.
Los registros detallan sueldos, viáticos y hasta gastos de mantenimiento de equipo y vehículos. En la primera semana de ese mes, uno de los hackers recibió 250 mil pesos; otro, más de 244 mil. Incluso aparecen partidas menores para “mandado hacker” y ajustes técnicos. La lógica es clara: profesionalizar el delito en línea.
Las tareas no se limitan a vulnerar sistemas financieros. También incluyen ataques a dependencias de seguridad, robo de identidad y fraudes sofisticados como los de tiempos compartidos o asistencia técnica falsa. Para coordinarse, utilizan Threema, una aplicación de mensajería cifrada por la que pagaron 25 cuentas en un solo mes.
El fenómeno no es aislado. En 2024, la Interpol advirtió que redes vinculadas al cártel participan en estafas internacionales, muchas asociadas a trata de personas y engaños de inversión. A la par, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó que un hacker ligado al Cártel de Sinaloa utilizó cámaras de videovigilancia en la capital mexicana para rastrear a un agente del FBI.
La delincuencia organizada ha migrado con rapidez al terreno digital. Ya no se trata solo de territorios físicos, sino de servidores, datos y algoritmos. La pregunta es si las instituciones están avanzando al mismo ritmo para cerrar esa brecha invisible que hoy también genera poder y millones.
