El gobierno federal quiere cerrar la llave a uno de los privilegios más polémicos del aparato público: las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de alto nivel. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional que pretende fijar un tope claro: ningún retiro podrá superar el 50% del sueldo del titular del Ejecutivo.
La medida apunta directamente a los llamados trabajadores de confianza, es decir, mandos superiores que, durante años, conservaron beneficios que hoy contrastan con la realidad de millones de jubilados. Según el diagnóstico oficial, existen pensiones que incluso superan el ingreso presidencial, lo que abrió el debate sobre el uso de recursos públicos.
La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, reveló que se detectaron casos que alcanzan hasta un millón de pesos mensuales. Tan solo en la extinta Luz y Fuerza del Centro, miles de jubilados reciben montos muy por encima del promedio nacional, que ronda poco más de siete mil pesos al mes. En organismos como Pemex o la CFE, la situación no es muy distinta: existen cientos de pensiones que exceden incluso los sueldos de sus propios directivos en activo.
El argumento del gobierno es simple: ajustar estos beneficios permitiría recuperar alrededor de cinco mil millones de pesos, recursos que podrían redirigirse a programas sociales. La reforma, sin embargo, no afectaría a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con derechos establecidos en contratos colectivos.
