Lo que comenzó como participación en celebraciones tradicionales terminó por encender el debate sobre los límites entre fe y función pública. Durante el fin de semana, funcionarios del gobierno encabezado por Carlos Orvañanos en Cuajimalpa volvieron a aparecer en eventos con tintes religiosos, pese a que el marco constitucional mexicano establece con claridad la separación entre el Estado y cualquier expresión confesional.
La polémica se intensificó cuando el director Jurídico y de Gobierno, Guillermo Huerta Ling, difundió su asistencia a actividades vinculadas al Carnaval 2026. Aunque estas festividades suelen tener un componente cultural, su presencia en espacios cercanos a templos, vistiendo prendas asociadas al proyecto político local y a los colores del PAN, despertó cuestionamientos sobre el uso de símbolos partidistas en entornos religiosos.
No se trata de un hecho aislado. Desde el arranque de la actual administración, la línea entre lo institucional y lo espiritual parece haberse vuelto más difusa. En diversas inauguraciones de infraestructura de seguridad, por ejemplo, se ha vuelto habitual la presencia de sacerdotes para bendecir instalaciones públicas, una práctica que algunos consideran incompatible con el carácter laico del gobierno.
El episodio más recordado ocurrió durante la Semana Santa de 2025, cuando el propio alcalde participó en el tradicional lavatorio de pies frente a fieles, portando indumentaria oficial. Aquella imagen abrió un debate que hoy vuelve a cobrar fuerza: ¿hasta dónde llega la libertad de culto de los funcionarios y dónde comienza su responsabilidad institucional?
En un país que históricamente ha defendido la laicidad como pilar democrático, estos gestos no pasan desapercibidos. Más allá de las intenciones, la discusión de fondo apunta a algo esencial: cuando el poder público se acerca demasiado a la religión, la neutralidad del Estado deja de ser un principio y empieza a convertirse en una promesa frágil.
