El brote de sarampión que ha venido creciendo en México ya comenzó a impactar directamente en instituciones públicas. Esta semana, el Instituto Nacional Electoral puso en marcha nuevas medidas internas luego de confirmar un caso de contagio entre su personal.
La reacción fue inmediata: trabajo remoto para parte del equipo, uso recomendado de cubrebocas y refuerzo de protocolos sanitarios dentro de sus instalaciones. A esto se sumó la instalación de gel antibacterial en accesos y la recomendación de evitar saludos físicos, en un intento por reducir riesgos mientras el virus sigue circulando en el país.
El contexto no es menor. Desde que el brote reapareció el año pasado, los contagios han ido en aumento, al grado de encender alertas regionales. Incluso la Organización Panamericana de la Salud llamó recientemente a fortalecer las campañas de vacunación en América Latina ante el repunte de casos.
Sin embargo, mientras algunas autoridades sostienen que la situación está bajo control y que zonas como la capital se acercan a la llamada inmunidad colectiva, especialistas han advertido que ciertas medidas, como el uso de cubrebocas, tienen una eficacia limitada frente a un virus altamente transmisible.
De hecho, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, ha recordado que el sarampión puede propagarse con mayor facilidad que el COVID-19. Esto ha puesto nuevamente en el centro la importancia de la vacunación, especialmente en niñas y niños, quienes deben recibir su primera dosis al año de edad y un refuerzo meses después.
Mientras tanto, las recomendaciones siguen evolucionando, sobre todo para grupos específicos como mujeres embarazadas, quienes deben evitar la vacuna por tratarse de una fórmula con virus atenuado.
Más allá de las medidas institucionales, el episodio en el INE deja una señal clara: aunque el discurso oficial apunte al control del brote, la realidad muestra que el virus sigue activo. Y en salud pública, la confianza no debería reemplazar a la prevención.
