La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó dos iniciativas de reforma al Código Penal capitalino con el propósito de reforzar la protección a mujeres y personas de la diversidad sexual. Las propuestas, elaboradas junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, forman parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad para garantizar un marco legal con perspectiva de género y sancionar de manera más severa las conductas discriminatorias.
Durante la conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la fiscal explicó que el objetivo es visibilizar y atender de manera temprana las formas de violencia que suelen anteceder a agresiones más graves. La primera iniciativa plantea reformar los artículos 131 y 131 Bis del Código Penal para incrementar en dos terceras partes las penas por el delito de lesiones cuando estas se cometan por razones de género o prejuicio hacia personas de la diversidad sexual.
Alcalde Luján precisó que esta medida busca distinguir las lesiones comunes de aquellas motivadas por odio, discriminación o control sobre la autonomía de las víctimas. Entre las agravantes se incluyen antecedentes de amenazas, vínculos afectivos previos, expresiones de desprecio, agresiones frente a menores, daño a la apariencia física y actos de violencia relacionados con el trabajo sexual. “Este es un paso más para reconocer y sancionar la violencia que enfrentan las mujeres y las personas de la diversidad sexual”, subrayó.
La segunda iniciativa propone modificar el artículo 209, relativo al delito de amenazas, para incorporar agravantes en casos que involucren armas de fuego, explosivos, vínculos con la delincuencia organizada o amenazas de muerte. También se contemplan sanciones más severas cuando las amenazas busquen obstaculizar procesos penales o intimidar testigos. En estos supuestos, las penas podrían triplicarse, además de incrementarse la base mínima de uno a dos años de prisión.
La propuesta introduce además el concepto de “mal grave”, con el fin de distinguir las amenazas reales de las meramente verbales o insultantes, y así establecer una regulación más precisa sobre los medios y mecanismos de intimidación.
Estas iniciativas se presentaron junto con otros proyectos de ley impulsados por el Gobierno capitalino, entre ellos la creación del Sistema Público de Cuidados, reformas al Código Penal en materia de despojo y adecuaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.
Con este paquete de reformas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del marco legal en favor de una ciudad más segura, equitativa y libre de violencia.