La discusión sobre la reforma judicial volvió a abrir un nuevo frente, esta vez enfocado en el costo económico y operativo que implicaría organizar elecciones judiciales y comicios concurrentes el mismo año. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, reveló que aplazar la segunda elección judicial de 2027 a 2028 podría representar un ahorro cercano a los 2 mil millones de pesos para el país.
La estimación fue presentada durante una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, donde consejeros electorales entregaron un análisis técnico sobre los desafíos que implicaría organizar simultáneamente la elección judicial y las elecciones federales y locales previstas para 2027.
Según explicó Taddei, el escenario de realizar ambos procesos el mismo año elevaría el costo total de la operación electoral hasta casi 21 mil millones de pesos. De ese monto, alrededor de 8 mil 500 millones corresponderían únicamente a la elección judicial. En contraste, mover el proceso judicial a 2028 reduciría significativamente el gasto, dejándolo en aproximadamente 6 mil millones de pesos.
Pero el debate no gira solamente alrededor del dinero. El informe entregado por el INE también advierte sobre enormes retos logísticos, tecnológicos y operativos si ambas elecciones coinciden. Entre las cifras que expuso la autoridad electoral destacan la posible impresión de cerca de 980 millones de boletas, la instalación de 750 mil casillas y la contratación de alrededor de 12 mil capacitadores y asistentes electorales.
La magnitud del operativo refleja el tamaño del desafío que enfrenta el sistema electoral mexicano tras la reforma al Poder Judicial. Organizar por primera vez elecciones para jueces, magistrados y ministros no sólo implica nuevas reglas políticas, también representa una carga administrativa inédita para el organismo electoral.
Aunque la decisión final dependerá del Congreso y de posibles ajustes legislativos, el planteamiento del INE abrió un nuevo debate sobre la viabilidad de implementar cambios estructurales sin comprometer la capacidad operativa ni el presupuesto público. En medio de un país que sigue discutiendo prioridades en seguridad, salud y educación, el costo de la democracia vuelve a colocarse bajo la lupa.
La discusión también deja una reflexión inevitable: transformar las instituciones puede ser políticamente atractivo, pero llevar esas reformas a la práctica exige algo más que discursos. Requiere planeación, recursos y capacidad para sostener cambios que, en el papel, parecen simples, pero en la realidad movilizan millones de votos, miles de trabajadores y enormes cantidades de dinero público.
