El gobierno federal reservó por un periodo de cinco años, es decir, hasta 2030, toda la información relacionada con el operativo de seguridad y la contratación de vallas metálicas utilizadas para proteger Palacio Nacional durante la marcha de integrantes de la Generación Z realizada el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, en la que se registraron hechos violentos.
Lo anterior se dio a conocer en respuesta a la solicitud de información con folio 34100100079525, en la que el Comité de Transparencia de la Presidencia de la República determinó clasificar como reservados los datos del contrato denominado Servicio Integral de Protección y Resguardo con Barricadas Anti-Motín para Palacio Nacional.
De acuerdo con el resolutivo, la dependencia argumentó que divulgar la información solicitada representaría un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional, la paz social y la integridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de su familia, colaboradores y personal de seguridad.
“El proporcionar dicha información dejaría en estado de vulneración a la Titular del Ejecutivo federal y su entorno, lo que podría derivar en la ejecución de cualquier atentado contra su integridad física, comprometiendo su vida, salud, libertad y seguridad, así como la de las personas que la acompañan”, señaló el Comité de Transparencia.
Durante la manifestación del 15 de noviembre se registraron diversos hechos delictivos, entre ellos saqueos, daños a mobiliario público y a negocios privados, así como más de 120 personas lesionadas y al menos 20 detenidas. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el Gobierno de la Ciudad de México condenaron estos actos violentos.
Autoridades indicaron que durante los disturbios algunas personas utilizaron artefactos caseros y objetos contundentes, además de que lograron derribar vallas metálicas de casi tres metros de altura, acciones que pusieron en riesgo a asistentes y provocaron daños materiales.
El Comité de Transparencia advirtió que dar a conocer las características técnicas, operativas y contractuales del servicio de vallas podría “potenciar” amenazas o atentados, al proporcionar elementos suficientes para planificar y ejecutar acciones que vulneren la seguridad de la Presidenta de la República y del Estado mexicano.
Si bien reconoció que la manifestación ya ocurrió, la Presidencia sostuvo que existen protocolos de seguridad preestablecidos que, de hacerse públicos, podrían ser utilizados para generar estrategias que menoscaben la seguridad nacional y pública.
Por estos motivos, la dependencia federal determinó no revelar el monto económico pagado por la contratación de las vallas, el nombre de la empresa proveedora ni copia del contrato correspondiente.
La resolución confirma, por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 102 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la clasificación de reserva del expediente relacionado con la Adjudicación Directa Nacional Electrónica identificada con el número de control interno AD-SN006-2025, del cual deriva el contrato C44-25/AD-SN-006-2025 y su anexo.
La información permanecerá clasificada como reservada hasta el año 2030.
