La tensión entre el combate al narcotráfico y la relación bilateral entre México y Estados Unidos volvió a subir de tono. Esta vez fue Todd Blanche quien lanzó una advertencia directa: las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado no terminarán aquí.
Durante una entrevista con News Nation, el funcionario estadounidense dejó claro que el caso contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, revelado días atrás, podría ser apenas el inicio de una nueva etapa de investigaciones judiciales impulsadas desde Washington. Entre los señalados se encuentra Rubén Rocha Moya, acusado por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
Lejos de suavizar el mensaje, Blanche aseguró que las investigaciones seguirán avanzando y que habrá más procesos similares en el futuro. Según explicó, la cooperación de líderes criminales detenidos en Estados Unidos podría abrir nuevas líneas de investigación contra figuras políticas y operadores ligados a los cárteles.
El fiscal interino señaló que personajes como Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López o Ismael Zambada García podrían aportar información relevante a cambio de beneficios judiciales. Esa cooperación, advirtió, podría derivar en nuevas acusaciones tanto en México como en otros países vinculados con operaciones del narcotráfico.
Blanche insistió en que Estados Unidos mantiene una relación positiva con el gobierno mexicano y reconoció la colaboración existente en temas de seguridad, migración y combate a las drogas. Sin embargo, dejó claro que el Departamento de Justicia continuará actuando contra cualquier funcionario que considere relacionado con organizaciones criminales.
También afirmó que el escenario para los líderes del narcotráfico cambió radicalmente. Según su visión, muchos capos antes se sentían protegidos dentro de sus territorios, convencidos de que podían evitar extradiciones o procesos judiciales en Estados Unidos. Ahora, dijo, el objetivo es precisamente romper esa percepción y aumentar la presión sobre las estructuras criminales.
Aunque evitó confirmar un eventual envío de tropas estadounidenses a territorio mexicano, aclaró que esa decisión correspondería directamente al presidente Donald Trump y no al Departamento de Justicia.
El mensaje dejó algo claro: el tema ya no se limita únicamente al crimen organizado. También se convirtió en un asunto político y diplomático de alto voltaje, donde cada acusación puede impactar gobiernos, relaciones internacionales y procesos electorales. Mientras tanto, México enfrenta el reto de responder a estas presiones externas sin profundizar la confrontación con su principal socio comercial y vecino estratégico.
