La tensión política y financiera alrededor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló este lunes luego de que se confirmara el congelamiento preventivo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Aunque el gobierno federal aclaró que la medida no representa una sentencia ni implica culpabilidad, el movimiento volvió a colocar al mandatario sinaloense en el centro de un caso que ya rebasó las fronteras mexicanas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la inmovilización financiera ocurrió como parte de los mecanismos de cooperación entre instituciones bancarias de México y Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses emitieran órdenes de aprehensión contra diez personas presuntamente relacionadas con actividades criminales.
“Los bancos toman medidas cuando existen alertamientos internacionales”, resumió la mandataria al intentar bajar la tensión política generada por el caso.
Minutos después, la Secretaría de Hacienda precisó que el bloqueo de recursos fue una acción preventiva aplicada sobre personas clasificadas como “Políticamente Expuestas” en Sinaloa. Según la dependencia, el objetivo es proteger la estabilidad del sistema financiero mientras avanzan las investigaciones.
Sin embargo, el contexto vuelve mucho más delicado el asunto. Rocha Moya es señalado en una investigación abierta en el Distrito Sur de Nueva York por supuestos vínculos con la facción criminal de “Los Chapitos”, ligada al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con expedientes judiciales estadounidenses, funcionarios estatales habrían filtrado información sobre operativos de seguridad para favorecer el tráfico de drogas y evitar golpes contra la organización.
Las acusaciones también alcanzan a exfuncionarios de seguridad de Sinaloa, entre ellos Gerardo Mérida, quien presuntamente se entregó a autoridades estadounidenses. El expediente menciona incluso una supuesta “narconómina” con pagos millonarios destinados a policías encargados de alertar sobre cateos y operativos.
Aunque hasta ahora no existe una resolución judicial definitiva, el impacto político ya es evidente. La imagen de Rocha Moya enfrenta uno de sus momentos más complejos desde que llegó al gobierno estatal, especialmente en un contexto donde Washington endureció la vigilancia sobre cualquier operación financiera relacionada con el narcotráfico.
El antecedente más reciente ocurrió en 2025, cuando Estados Unidos señaló a instituciones financieras mexicanas como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles. Desde entonces, el mensaje para la banca mexicana ha sido claro: cualquier sospecha puede derivar en bloqueos inmediatos y restricciones severas.
Más allá del ruido político, el caso vuelve a exhibir una realidad incómoda para México: la creciente presión internacional sobre funcionarios y estructuras locales presuntamente relacionadas con el crimen organizado. Porque aunque las investigaciones sigan abiertas y el principio de presunción de inocencia permanezca vigente, cada nuevo señalamiento erosiona todavía más la confianza pública en las instituciones y en quienes las encabezan.
