La Ciudad de México enfrenta uno de sus mayores retos: una crisis habitacional que ha expulsado a miles de familias hacia la periferia debido al encarecimiento de la vivienda. Ante ello, la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) del Valle de México y el Infonavit anunciaron la construcción de más de 400 mil casas este año, como parte del Programa de Vivienda del Bienestar. La meta sexenal asciende a 1.7 millones de hogares para trabajadores de bajos ingresos.
Leopoldo Hirschhorn Cymerman, presidente de la Canadevi, subrayó que la colaboración del sector privado será clave, aunque pidió mayor rapidez en trámites y certeza jurídica para detonar inversiones. Según explicó, solo en la capital se deben aplicar instrumentos como el Bando I y la Norma 26, que incentivan la vivienda social en zonas centrales mediante beneficios a los desarrolladores. “Tenemos que poner un plan claro: agilidad en permisos, licencias y seguridad jurídica”, recalcó.
Por su parte, el gobierno capitalino impulsa proyectos a través de Servicios Metropolitanos (Servimet). Su director, Carlos Mackinlay, destacó que la Norma 26 ya permitió ingresar 265 propuestas, de las cuales 19 mil 300 viviendas fueron preaprobadas. Este modelo incluye medidas antiespeculativas, precios regulados, áreas comunes y comercios en planta baja, aunque está restringido a alcaldías centrales y no aplica en pueblos originarios ni zonas ambientales.
De concretarse la inversión mixta, la derrama económica superaría los 110 mil millones de pesos y permitiría la generación de más de 250 mil empleos. La cifra es histórica en un sector paralizado desde 2019 por el freno a permisos y proyectos inmobiliarios. El desafío, sin embargo, no es menor: se trata de garantizar vivienda digna y asequible sin repetir viejos errores de expansión desordenada. La pregunta es si la alianza entre Estado y desarrolladores logrará equilibrar el derecho a la vivienda con la presión del mercado.