La presión política y judicial finalmente alcanzó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de señalamientos provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, el mandatario optó por dar un paso al costado… al menos de manera temporal.
La noche del viernes solicitó licencia para separarse del cargo por un periodo mínimo de 30 días, una decisión que fue avalada rápidamente por el Congreso estatal. En cuestión de horas, el relevo quedó definido: Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina, en un movimiento que buscó dar estabilidad institucional en medio de la tormenta política.
Sin embargo, lejos de cerrar el tema, la licencia abrió un nuevo frente de discusión. Desde la oposición surgieron cuestionamientos inmediatos: apartarse del cargo no es suficiente si no se elimina el fuero, es decir, la protección legal que impide procesar penalmente a ciertos funcionarios sin un procedimiento previo.
Aquí es donde el caso se vuelve más complejo. De acuerdo con la Constitución local, Rocha Moya mantiene su inmunidad procesal pese a no estar en funciones. En términos prácticos, esto significa que la licencia no equivale automáticamente a quedar expuesto ante la justicia. Para que eso ocurra, tendría que activarse un proceso de desafuero.
No obstante, hay interpretaciones encontradas. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, planteó una visión distinta: la inmunidad protege el ejercicio del cargo, no a la persona. Bajo esa lógica, al dejar temporalmente sus funciones, el mandatario podría ser sujeto a detención como cualquier ciudadano.
El fondo del asunto va más allá del tecnicismo legal. La licencia parece un intento por despresurizar el escenario político y permitir que las investigaciones avancen sin interferencias, pero también evidencia una zona gris del sistema: la distancia entre la rendición de cuentas y las barreras jurídicas que la frenan.
En este punto, la pregunta no es solo qué pasará con Rocha Moya, sino qué tan sólido es el mecanismo que debería garantizar que el poder no se convierta en protección. Porque cuando la ley depende de interpretaciones, la justicia también entra en terreno incierto.
