La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no logró superar su prueba más difícil en la Cámara de Diputados de México. La iniciativa fue rechazada luego de no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, en una votación que evidenció divisiones incluso dentro del bloque político que respalda al gobierno.
El proyecto obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, una cifra suficiente para una mayoría simple, pero insuficiente para aprobar una reforma constitucional. El punto clave fue la postura de los partidos aliados del oficialismo, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, que habían anticipado su rechazo y finalmente cumplieron su advertencia.
La negativa de estas fuerzas políticas dejó a Morena sin los votos necesarios para sacar adelante la propuesta. Aunque la mayoría de la bancada oficialista respaldó el proyecto, algunos legisladores también marcaron distancia. Tres diputados de Morena votaron en contra de la iniciativa, mientras que otros estuvieron ausentes durante la sesión.
En contraste, la oposición cerró filas. Las bancadas del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano votaron de manera unificada para rechazar el dictamen.
Incluso dentro del Partido del Trabajo, aliado histórico del oficialismo, la postura fue mayoritariamente negativa. Solo un legislador petista decidió apoyar la propuesta presidencial. En el caso del Partido Verde, algunos diputados se apartaron de la línea mayoritaria y votaron a favor, pero sus respaldos no fueron suficientes para cambiar el resultado final.
Tras la votación, el coordinador de Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal, reconoció el revés legislativo y adelantó que el oficialismo comenzará a trabajar en una alternativa política conocida como el “Plan B”, con la intención de rescatar algunos de los objetivos de la reforma.
El debate sobre el sistema electoral, sin embargo, está lejos de cerrarse. La iniciativa buscaba modificar aspectos clave del modelo político y administrativo de las elecciones en México, un tema que históricamente ha generado tensiones entre partidos.
El episodio deja una lectura política clara: incluso dentro de las alianzas legislativas más cercanas, el consenso no está garantizado. En un Congreso fragmentado, cada reforma de gran calado se convierte en una negociación compleja donde los aliados también pueden marcar límites. Y esta vez, esos límites quedaron evidentes en el tablero legislativo.
