La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no solo marcó un golpe al crimen organizado, sino que desató una reacción inmediata en distintas regiones del país. Bloqueos, quema de vehículos y disturbios encendieron las alertas de seguridad, obligando a gobiernos estatales e instituciones educativas a tomar decisiones urgentes.
El primer impacto se sintió en Jalisco, donde la suspensión total de clases fue anunciada para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante el llamado “Código Rojo”. La medida se extendió rápidamente a otros territorios como Michoacán, Colima y Nayarit, donde las autoridades optaron por detener actividades escolares como acción preventiva frente a posibles riesgos.
En el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, las escuelas públicas también cerraron sus puertas tras reportes de violencia en varios municipios. Mientras tanto, en Veracruz, la Universidad Veracruzana migró temporalmente a clases virtuales luego de registrarse bloqueos y ataques a vehículos.
La decisión no se limitó a niveles básicos. Instituciones de educación superior como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Guadalajara suspendieron o flexibilizaron sus actividades académicas para reducir riesgos, en un contexto donde la movilidad misma se volvió una preocupación.
Incluso entidades sin hechos violentos directos, como Querétaro, optaron por aplicar suspensiones preventivas, evidenciando el efecto dominó que generó el episodio.
El cierre de aulas refleja cómo los efectos de la violencia pueden alterar la vida cotidiana más allá del ámbito de seguridad. La pregunta de fondo no es solo cuánto impacta la caída de un líder criminal, sino cuánto tarda el país en absorber las consecuencias que inevitablemente llegan después.
