Trabajar en un parque de la alcaldía Benito Juárez no solo implica instalar un puesto y esperar clientes. Para muchos vendedores, también significa enfrentar un cobro extra que no aparece en ningún reglamento, pero que —según denuncian— es parte de la rutina desde hace años.
Antonio Colín, quien vende papas en la colonia Portales desde hace más de 15 años, asegura que el llamado “derecho de piso” se ha mantenido sin importar los cambios de administración. El pago, explica, se exige dos veces al día y ronda los 130 pesos por puesto, aunque puede aumentar si el espacio ocupado supera los dos metros cuadrados.
Lo más delicado, señala, no es solo el dinero, sino el miedo que rodea el sistema. De acuerdo con su testimonio, quienes se niegan a pagar pueden enfrentar amenazas, retiro de mercancía o incluso agresiones físicas. Él mismo afirma haber sido golpeado en varias ocasiones por resistirse al cobro. Sin embargo, dice haber dejado de pagar desde hace cinco meses tras confrontar directamente a quienes exigían el dinero.
Intentar organizarse tampoco ha sido sencillo. Muchos comerciantes prefieren guardar silencio por temor a represalias. Esta situación, añade, no se limita a vendedores ambulantes: también alcanza a negocios establecidos que utilizan la vía pública, aunque sea para exhibir productos.
La práctica, según relata, opera como una cuota informal que todos deben cubrir si desean permanecer en el espacio. Y aunque no hay documentos que respalden estos pagos, el señalamiento recurrente es que el dinero termina repartido entre diversas manos.
El problema, más allá de lo económico, revela una realidad incómoda: cuando el uso del espacio público se vuelve rehén de acuerdos opacos, la línea entre autoridad y abuso se desdibuja, dejando a quienes solo buscan trabajar en una zona gris donde la legalidad parece negociable.
