La búsqueda de Silvano Aureoles dio un giro que eleva la tensión política y judicial en Michoacán. De acuerdo con autoridades estatales, el exgobernador no se encuentra en territorio nacional y su localización ya es considerada prioritaria, con gestiones en curso para emitir una ficha roja de Interpol.
El señalamiento no es menor. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que existen indicios de que Aureoles habría abandonado el país, lo que llevó a solicitar apoyo internacional para su localización. La intención es activar mecanismos de cooperación con otras naciones y avanzar en su captura.
El caso no se limita a una sola acusación. Sobre el exmandatario pesan al menos dos órdenes de aprehensión: una de carácter federal por un presunto fraude millonario vinculado a la construcción de cuarteles policiacos, y otra más reciente, de ámbito estatal, por el delito de homicidio.
La narrativa oficial también apunta a un elemento delicado: una posible red de apoyo criminal en su escape. Según las investigaciones, Aureoles habría contado con ayuda de un grupo delictivo para salir de Michoacán y trasladarse hacia el norte del país, lo que refuerza la hipótesis de una salida internacional.
Ante este escenario, autoridades locales destacan la coordinación con instancias federales para avanzar en el caso. La prioridad, insisten, es que las acusaciones no queden impunes y que se dé respuesta a un presunto daño millonario al erario.
Sin embargo, el contexto añade complejidad. Un exgobernador prófugo, con posibles vínculos en su huida y múltiples cargos en su contra, no solo representa un desafío legal, sino también un golpe a la credibilidad institucional.
