Moverse en transporte público en la Ciudad de México implica, en muchos casos, viajar en el tiempo. La renovación de camiones, microbuses y combis avanza con una lentitud preocupante: de las más de 27 mil unidades registradas, apenas una fracción cumple con la edad máxima que marca la ley. El resto sigue rodando gracias a una tolerancia que, con los años, se ha vuelto regla.
Los datos oficiales muestran que solo el 15 por ciento de la flota está dentro del límite legal de antigüedad. La Ley de Movilidad establece que las unidades no deberían superar los 10 años de servicio, pero en la práctica, más del 85 por ciento rebasa ese tope. Aún más alarmante: más de la mitad de los vehículos tiene más de dos décadas circulando por las calles de la capital.
Buena parte de estos micros y combis corresponde a modelos anteriores a 2005, muchos de ellos impulsados por combustibles altamente contaminantes. Persisten incluso unidades diseñadas originalmente para gas LP, adaptadas con el paso del tiempo, a pesar de que este tipo de motores ya no debería estar en operación. Todavía circulan vehículos fabricados en los años noventa, ochenta e incluso uno registrado desde la década de los cuarenta.
Aunque la Secretaría de Movilidad ha impulsado discursos de modernización, transporte eléctrico y energías más limpias, los números no acompañan el mensaje. En los últimos años, el retiro de unidades viejas ha sido mayor que la incorporación de vehículos nuevos, pero no al ritmo necesario para revertir el rezago acumulado durante décadas.
La consecuencia es clara: contaminación, riesgos mecánicos y un servicio que envejece junto con sus usuarios. La modernización del transporte público no puede seguir siendo una promesa gradual; es una urgencia cotidiana que se vive, literalmente, en cada trayecto.
