La tarifa inicial del taxi lleva más de una década sin ajustes y esa inmovilidad ha dejado a miles de concesionarios al borde de la asfixia financiera. El arranque continúa en 8.74 pesos para los taxis de calle y 13.10 para los de sitio, una cifra que contrasta con el aumento constante en gasolina, refacciones, seguros y mantenimiento. A esto se suma la competencia directa con las aplicaciones digitales, que presionan aún más los márgenes de ganancia.
Según datos de la Secretaría de Movilidad, los ingresos promedio rondan los 19 mil 700 pesos mensuales, monto que se vuelve insuficiente ante el costo de los vehículos. Un taxi usado difícilmente baja de los 100 mil pesos, y uno híbrido o eléctrico rebasa con facilidad los 200 mil. Este contexto explica por qué el 62 por ciento de la flota circula con más de diez años encima, un riesgo operativo que también complica la renovación del registro.
Para atender el deterioro, la SEMOVI puso en marcha el Programa de Sustitución de Taxi 2025, que ofrece apoyos que van de los 120 mil a los 200 mil pesos, con un bono extra para accesibilidad. No obstante, la convocatoria apenas contempla 394 unidades, una cifra mínima frente a los más de 73 mil taxis envejecidos. El apoyo se entrega vía agencias automotrices, no directamente al concesionario.
El rezago estructural es evidente: en seis años solo se han sustituido 1,547 unidades. La tarifa baja puede percibirse como un beneficio para el usuario, pero también sostiene un modelo que opera con autos viejos, costos crecientes y un margen que se reduce cada día. El dilema es claro: sin una actualización tarifaria o un programa más amplio, la modernización del servicio seguirá siendo una meta lejana.
