En medio de un escenario político y de seguridad en tensión, el gobierno federal activó una estrategia reforzada en Sinaloa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, apareció junto a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, para enviar un mensaje claro: el estado no quedará solo.
El contexto es clave. La licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, tras señalamientos desde Estados Unidos, abrió un vacío político que obligó a una respuesta inmediata en materia de seguridad. La apuesta del gabinete federal es contener cualquier riesgo y evitar que la incertidumbre escale.
Durante la presentación, García Harfuch detalló acciones concretas. Entre ellas, la entrega de 100 nuevas patrullas para reforzar a la policía estatal, así como programas de capacitación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La idea es fortalecer no solo la presencia, sino también la capacidad operativa de las corporaciones locales.
Pero el plan no se limita al equipamiento. También se instalaron mesas permanentes de coordinación entre distintas dependencias: Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A esto se suman autoridades estatales y municipales, en un esquema que busca seguimiento diario y decisiones inmediatas.
El mensaje político también fue directo: hay respaldo total a la administración interina y una instrucción clara desde la presidencia para mantener presencia constante en la entidad.
