El gobierno federal busca darle un nuevo impulso a una de las crisis más sensibles del país: la desaparición de personas. La administración de Claudia Sheinbaum Pardo anunció que durante 2026 fortalecerá la estrategia nacional de búsqueda mediante nuevas acciones de coordinación institucional, mejoras en capacidades forenses y encuentros permanentes con colectivos de familiares.
El anuncio fue realizado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien aseguró que el objetivo es mantener un contacto más cercano con víctimas y transparentar los avances relacionados con las investigaciones y procesos de localización.
La funcionaria explicó que las reuniones con colectivos dejarán de ser esporádicas y pasarán a formar parte de una dinámica periódica entre autoridades y familias. La intención, dijo, es construir mecanismos de seguimiento más constantes y evitar que los casos queden atrapados entre trámites burocráticos y falta de comunicación institucional.
Durante la presentación del plan también se destacó que, desde 2018, el país ha realizado cambios importantes en materia legal y operativa para enfrentar esta problemática. Entre ellos se encuentra la reforma aprobada en 2025, que incorporó nuevas herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de la obligación de iniciar carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición.
Otro de los puntos centrales será el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la ampliación de capacidades técnicas para identificar restos humanos y agilizar procesos periciales, una de las demandas históricas de colectivos y organizaciones civiles.
Las autoridades también informaron que se reforzó la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la contratación de especialistas y adquisición de equipo técnico para labores de campo y análisis.
Según explicó la Secretaría de Gobernación, parte de esta nueva estrategia fue construida a partir de propuestas planteadas directamente por familiares de desaparecidos y organizaciones de búsqueda.
Como parte de ese proceso, Rosa Icela Rodríguez y representantes de la Fiscalía General de la República iniciaron recorridos regionales en distintos estados del país para sostener encuentros directos con víctimas y colectivos.
En fechas recientes ya se realizaron reuniones en entidades como Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. De acuerdo con las cifras oficiales, solamente en la capital participaron más de 50 colectivos y alrededor de 220 personas, mientras que en Tlaxcala acudieron cerca de 260 asistentes.
Además, el gobierno federal pretende que esta dinámica también se replique en los estados. La propuesta es que gobernadores y fiscalías locales mantengan reuniones mensuales o bimestrales con familiares y organizaciones.
El desafío sigue siendo enorme. México arrastra años de rezago forense, miles de casos sin resolver y familias que, en muchos casos, han terminado realizando búsquedas por cuenta propia. Por eso, aunque el anuncio representa un intento por reconstruir la coordinación institucional, también deja una presión clara sobre las autoridades: convertir las promesas en resultados visibles para quienes llevan años esperando respuestas.
