La tensión entre México y Perú subió de nivel luego de que el presidente interino José Jerí sugiriera la posibilidad de entrar a la embajada mexicana en Lima para detener a la exministra Betssy Chávez, acusada en su país y protegida actualmente bajo figura de asilo. La postura generó preocupación internacional y una respuesta inmediata desde Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum dejó claro que el asilo otorgado a Chávez no es un capricho diplomático, sino un derecho reconocido por la legislación internacional. Advirtió que cualquier intento de irrumpir en la sede diplomática mexicana equivaldría a violar la soberanía y las reglas que rigen la convivencia entre Estados. Aunque reconoció que pueden existir desacuerdos entre gobiernos, subrayó que estos deben resolverse dentro del marco jurídico global y nunca por la fuerza.
Jerí, por su parte, acusó abuso en el uso del asilo político y justificó que, bajo esa premisa, evalúa la opción de ingresar a la embajada para capturar a la exprimera ministra. La idea recordó de inmediato el episodio protagonizado por Ecuador, cuando la policía irrumpió en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas, lo que desató una fuerte condena internacional y un quiebre diplomático.
La amenaza peruana volvió a encender las alertas sobre el respeto a los tratados internacionales y el riesgo de que las tensiones políticas terminen arrastrando a las instituciones diplomáticas. El mensaje de Sheinbaum fue contundente: un asilo no se invalida con presiones y la extraterritorialidad de una embajada no es negociable. La crisis deja una lección evidente: cuando un gobierno pone en duda principios básicos del derecho internacional, no solo desafía a otro país, también erosiona las garantías que protegen a sus propios ciudadanos en el extranjero.
