El Senado dio un paso firme en el combate a la extorsión al aprobar una nueva ley que endurece las penas para quienes cometan este delito, especialmente cuando operan desde cárceles o se hacen pasar por grupos criminales. Uno de los cambios más relevantes eleva hasta 42 años de prisión las sanciones para casos que involucren violencia o exigencias derivadas de accidentes provocados, como los conocidos montachoques.
También se contemplan castigos de hasta 37 años para quienes extorsionen a migrantes o utilicen datos personales de sus víctimas, así como penas de 33 años para quienes realicen cobro de piso a negocios, productores o actividades económicas. Incluso se penaliza la presión contra candidatos y funcionarios, una práctica que había crecido sin freno en diversas regiones del país.
Durante la discusión, legisladores de todas las bancadas coincidieron en que la extorsión es uno de los delitos más temidos y menos denunciados, dejando una cifra negra que dificulta su combate. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que el dictamen consolida un instrumento que cierra espacios de impunidad a un fenómeno que afecta no solo el patrimonio, sino la estabilidad emocional de miles de personas.
La iniciativa también obliga a que el Estado cuente con ministerios públicos, policías y analistas especializados en extorsión, y plantea que, donde no existan estas unidades, se utilicen las áreas dedicadas al secuestro. De igual forma, prohíbe beneficios como libertad anticipada o conmutación de penas, salvo cuando el acusado colabore para identificar redes delictivas.
La intención, señalaron los legisladores, es frenar un delito que se ha expandido gracias a la corrupción, al control territorial de grupos criminales y al uso de tecnologías que permiten operar desde centros penitenciarios. El mensaje legislativo apunta a un cierre de espacios, pero también deja claro que sin fortalecer las capacidades de investigación, la ley corre el riesgo de quedarse en el papel.
