La reforma judicial volvió a mover las piezas dentro del Poder Judicial y ahora apunta directamente al Tribunal Electoral. La nueva iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso plantea extender, otra vez, el periodo de las magistraturas actuales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de que permanezcan en funciones hasta 2028.
El ajuste no es menor. La propuesta busca recorrer la segunda elección judicial del 2027 al 2028, lo que obligaría a mantener en el cargo a los actuales integrantes del máximo órgano electoral para evitar que el pleno opere prácticamente incompleto. De aprobarse, las magistradas y magistrados que hoy integran la Sala Superior seguirían resolviendo asuntos clave, incluida la validación de la próxima elección judicial en la que se elegiría justamente a quienes los reemplazarán.
El documento enviado al Poder Legislativo establece que quienes estén en funciones al momento de la entrada en vigor del decreto permanecerán hasta que rindan protesta las nuevas autoridades electas en 2028. En otras palabras, la reforma extiende un año más el mandato de magistraturas que originalmente ya habían sido beneficiadas con una ampliación aprobada durante la reforma judicial de 2024.
La explicación oficial gira alrededor de la operatividad del tribunal. Si no se aprueba esta extensión, la Sala Superior se quedaría únicamente con dos integrantes electos mediante voto popular: Gilberto de Guzmán Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho. El resto de las posiciones quedarían vacantes mientras se organiza la nueva elección judicial.
La segunda elección deberá renovar cinco espacios dentro del pleno: cuatro magistraturas actualmente activas y el lugar que dejó vacante Janine Otálora, quien rechazó extender su periodo cuando se aprobó la primera ampliación derivada de la reforma judicial.
Sin embargo, el movimiento también trae otra consecuencia política y jurídica: el tiempo adicional que permanecerán los actuales magistrados será descontado a quienes lleguen en 2028. La intención del nuevo modelo es que toda la Sala Superior se renueve por completo en 2033, por lo que los futuros magistrados durarían únicamente cinco años en el cargo.
La propuesta revive un debate que no termina de apagarse desde la aprobación de la reforma judicial: hasta qué punto las modificaciones legales están diseñadas para fortalecer la operación institucional o para acomodar los tiempos políticos del nuevo sistema. Mientras el oficialismo argumenta que se busca dar estabilidad al proceso, las críticas vuelven a centrarse en las constantes reconfiguraciones de reglas y plazos dentro del Poder Judicial.
