La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada pidió aplazar la audiencia en la que se definirá la sentencia del histórico jefe del Cártel de Sinaloa. El abogado Frank Pérez argumentó ante la corte de Nueva York que gran parte de la información que necesita para elaborar el documento previo a la condena debe recabarse en zonas de México donde la violencia vuelve casi imposible contactar a testigos y familiares.
Según expuso, conseguir cartas, testimonios y datos de contexto se ha convertido en una tarea que avanza entre retrasos, viajes complicados y comunicaciones intermitentes. Algunos de los colaboradores clave apenas confirmaron que podrían participar, lo que dejó a la defensa con menos margen de maniobra. Pérez insistió en que el cambio de fecha no busca frenar el proceso, sino entregar al juez un análisis sólido antes de dictar la pena.
El fiscal asignado al caso no se opuso a la solicitud, un gesto que, por sí mismo, revela la complejidad del expediente. Zambada ya aceptó los cargos por narcotráfico y reconoció abiertamente que durante décadas tejió una red de sobornos que alcanzó a policías, militares y figuras políticas en México. Como parte del fallo, deberá cubrir una reparación económica multimillonaria.
La captura del capo —obtenida tras haber sido entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”— marcó un giro inesperado dentro del mismo cártel. Aunque “El Mayo” se declaró culpable bajo la garantía de que no enfrentaría pena de muerte, la sentencia que le espera podría mantenerlo tras las rejas por el resto de su vida.
La petición de aplazar la audiencia deja al descubierto algo más que un asunto jurídico: muestra cómo la violencia en México sigue condicionando incluso los procesos judiciales que se desarrollan lejos del país.
