Cuando parecía acercarse el final de su condena, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, volvió a enfrentar un giro judicial que podría prolongar su permanencia tras las rejas. A pocos meses de cumplir la sentencia de nueve años que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa, un nuevo proceso penal reactivó su situación legal.
El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó imponer prisión preventiva justificada al exmandatario por su presunta participación en el desvío de cinco millones de pesos provenientes de un fondo destinado a apoyar a personas en situación vulnerable en 2012. La medida surgió tras una audiencia de más de seis horas celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Durante la sesión, la Fiscalía General de la República sostuvo que Duarte habría ordenado combinar recursos estatales y federales para dispersarlos posteriormente en distintas cuentas bancarias, con el fin de ocultar su origen y facilitar su uso en pagos diversos. Este mecanismo, identificado como “la licuadora”, habría servido para diluir el rastro del dinero y canalizarlo a distintos compromisos financieros del gobierno estatal.
Tras escuchar los señalamientos, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será en los próximos días cuando el juzgador determine si el exgobernador es vinculado a proceso por peculado, delito que podría añadir entre dos y catorce años más a su historial judicial.
El nuevo episodio evidencia que, incluso cuando las condenas parecen tener fecha de caducidad, los pendientes legales pueden seguir persiguiendo a figuras públicas, recordando que en materia de rendición de cuentas, los tiempos judiciales rara vez coinciden con los políticos.
