El llamado impuesto a los videojuegos con contenido violento tuvo un giro inesperado. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno federal formalizó una medida que, en los hechos, frena el cobro aprobado dentro del Paquete Económico 2026, aunque sin eliminarlo por completo del marco legal.
La disposición no borra el gravamen, sino que concede una exención total en su pago. El decreto establece un estímulo fiscal equivalente al 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a la venta de videojuegos, siempre que ese monto no sea trasladado al consumidor final. En términos prácticos, el cobro queda neutralizado, bajo una lógica similar a otros estímulos fiscales vigentes.
La decisión generó reacciones inmediatas en el ámbito político. Desde el propio oficialismo se cuestionó si el Ejecutivo tiene facultades para “corregir” un impuesto previamente avalado por el Congreso. El debate se centró en el alcance legal del decreto y en el precedente que podría sentar en materia tributaria.
La postura presidencial se había adelantado días antes. Desde Palacio Nacional se argumentó que el gravamen era difícil de aplicar, debido a la complejidad de definir qué videojuegos califican como violentos. La falta de criterios claros para esa clasificación fue uno de los principales motivos para replantear la medida.
El decreto también abre la puerta a que el Servicio de Administración Tributaria emita reglas adicionales para la operación de esta exención. Mientras tanto, el gobierno anunció que, en lugar del impuesto, impulsará campañas informativas dirigidas a jóvenes sobre el uso de videojuegos y sus posibles efectos.
